CÁRITAS ESPAÑOLA
Decálogo dirigido al presidente Rajoy
En una rueda de prensa celebrada ayer en Madrid para dar cuenta del programa de movilizaciones previsto para hoy, se presentó un decálogo dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que se aportan alternativas reales para evitar los recortes que se están aplicando y que, como se indica en la carta, “nos llevan a un progresivo y creciente empobrecimiento de las personas”.
Las diez soluciones propuestas al Gobierno desde la Alianza Española Contra la Pobreza “para recortar el fraude y no los derechos”, son las siguientes
1. Políticas y presupuestos generales cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza y la garantía de unos servicios sociales básicos de calidad.
2. Políticas y presupuestos que reconsideren la deuda pública.
3. Políticas y presupuestos para fomentar empleo decente.
4. Políticas fiscales más justas y equitativas.
5. Políticas más transparentes y participativas.
6. Políticas coherentes y visión global.
7. Políticas de desarrollo de todos los Derechos Humanos.
8. Implementación inmediata del Impuesto sobre las Transacciones Financieras
9. Políticas de igualdad y políticas sociales con perspectiva de género.
10. Políticas y presupuestos que garanticen que nadie se quede fuera.
Urgente cambio de rumbo
La misiva remitida al presidente Rajoy urge, además, a “un reparto justo de las riquezas, que se visibilice en políticas como la sanidad, pensiones, educación, cooperación, servicios sociales, igualdad y dependencia, entre otras”. Y añade: “Es de imperiosa necesidad cambio de rumbo: nos encontramos en un contexto de obscena desigualdad y las políticas sociales públicas deben estar al servicio de su mitigación. La lucha por la erradicación de las causas estructurales de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la redistribución de la riqueza son ahora más necesarias que nunca”.
Asimismo, la Alianza Española Contra la Pobreza y la Cumbre Social recuerdan en su carta que “sin políticas sociales justas y el presupuesto necesario para que luchen firmemente y de manera real contra la pobreza y las desigualdades en todo el mundo, no podrá llevarse a cabo el cambio de rumbo que urge tomar”. En este sentido, instan al presidente del Gobierno a que “tal como ha suscrito en acuerdos y tratados internacionales, cumpla con su deber promover políticas coherentes que no permitan el enriquecimiento de la minoría a costa del empobrecimiento de la mayoría”.
Con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, el conjunto de las organizaciones sociales de nuestro país consideran que este año existen más motivos que nunca para manifestar el rechazo a la política de recortes que está fragilizando el Estado de bienestar y expulsando a la pobreza extrema y la exclusión a millones de personas. En el caso de la política de cooperación internacional, los Presupuestos Generales para 2014 sitúan el porcentaje destinado a este capítulo en el 0,17% de la RNB, unos niveles comparables a los de hace casi 30 años.
Ante esta realidad, en lugar de apelar a los “presupuestos de la recuperación”, como los denomina el Gobierno, desde las entidades sociales se prefiere hablar de los “presupuestos de la pobreza”.
Hay alternativas: recortar el fraude y no los derechos
Como afirman la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social, “el Gobierno alega que los recortes en las políticas sociales y la austeridad impuesta en nuestros derechos económicos, sociales y culturales, se deben supuestamente a que no hay dinero para cumplir a las exigencias europeas de poner un límite a nuestro déficit fiscal”.
Sin embargo, “según datos de expertos en la Hacienda Pública, el Estado español pierde 90.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal, realizado en un 72% por grandes empresas y fortunas. El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa afirma que 33 de las 35 empresas que forman el Ibex 35 tienen fondos en paraísos fiscales”.
Por esa razón, se pone el acento en que “los Presupuestos Generales para 2014 y la reforma fiscal prevista para el próximo año serán una excelente oportunidad para demostrar si el Gobierno quiere recortar el fraude y no los derechos, mediante la eliminación de los paraísos fiscales, la aplicación una fiscalidad progresiva, redistributiva y justa, la persecución de quienes defraudan desde las grandes empresas y fortunas y la lucha firme contra las desproporcionadas diferencias salariales”.